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Procedimientos especiales de familia tras el levantamiento del estado de alarma

En el R.D.L. 16/2020, de 28 de abril, se han adoptado una serie de medidas procesales y organizativas  para reorganizar la actividad judicial a partir del momento en que se levante o deje sin efecto el estado de alarma.

Entre todas las medidas adoptadas hay una serie de ellas relativas a la materia de familia y jurisdicción voluntaria  que merecen una reflexión y comentario.

El  R.D. dedica tres artículos a desarrollar el contenido, competencia y tramitación del llamado procedimiento especial y sumario (arts. 3, 4 y 5) en materia de familia y uno respecto a la tramitación de determinados procedimientos que se consideran preferentes  (Art.º7), entre ellos, el relativo a los procesos o expedientes de jurisdicción voluntaria en los que se resuelven cuestiones sobre adopción de medidas respecto a los hijos menores (alimentos, sustracción, cambios de titularidad de guarda, etc..).

  1. En cuanto al primero de ellos, el denominado procedimiento especial sumario, se podrán presentar y tramitar demandas durante la vigencia del Estado de alarma y hasta tres meses después,
  • Para solicitar el restablecimiento del equilibrio del régimen de visitas o guarda/custodia compartida
  • Para solicitar revisión de medidas definitivas acordadas judicialmente sobre cargas del matrimonio, pensiones económicas entre cónyuges y alimentos para los hijos, fundada en la variación sustancial de las circunstancias económicas de los cónyuges como consecuencia de la crisis sanitaria por COVID-19.
  • Para fijar o revisar obligaciones de prestar alimentos (no acordadas judicialmente) fundadas en la variación sustancial de las circunstancias económicas del pariente obligado a dicha prestación alimenticia.

El procedimiento será de la siguiente manera: se presenta la demanda que se acompaña con los documentos en que se base la petición y una vez admitida por el Letrado de la Administración de Justicia (LAJ), se señalará la vista (juicio) en los 10 días siguientes.  La vista será oral; la parte demandada contestará la demanda de forma oral, se propondrá y practicará prueba en el mismo acto; se puede dar audiencia a los menores (de manera reservada y siempre que sean mayores de 12 años); se prevé una posible ampliación del plazo de prueba para aquellas que no se pudieran practicar en la vista, y el juez puede dictará sentencia o auto oralmente en el mismo momento o por escrito en los 3 días siguientes a la vista.

  1. Procedimientos de tramitación preferente. Levantado el estado de alarma y hasta 31 de diciembre de 2020, se podrán presentar y tramitar procesos de jurisdicción voluntaria relativos a medidas de protección de menores (alimentos, perturbaciones derivadas de cambio de régimen de guarda, cambios de domicilio no autorizados judicialmente, sustracción de menores, etc.)

Esto hay que ponerlo en relación con la previsión de fases hecha por el Gobierno (Anexo II del R.D. 16/2020) y, asimismo con el Plan sobre actuaciones procesales referidas a asuntos esenciales y que resulten de atención urgente e inaplazable, planteadas por la Presidencia del TSJC en acuerdos de 15, 17 y 23/de marzo y 30 de abril y plasmados en los acuerdos que el Secretario de la Sala de Gobierno del TSJC ha planteado a la Comisión de la misma para su adopción, mediante Cronograma para la reanudación de la actividad judicial que entre otros, prevé lo siguiente:

  • Actuaciones procesales referidas a asuntos esenciales de atención urgente e inaplazables, priorizando las contenidas en los art.º 3 a 5 y 7 del R.D. 16/2020 en Fase I, previsión a partir del 11/05.
  • Lo mismo para la Fase II, coincidiendo con el levantamiento de la suspensión de plazos y actuaciones procesales, prevista para la última semana de mayo y primera de junio
  • Fase III, transcurridos tres meses desde que se levante el estado de alarma, priorizando las actuaciones correspondientes a los procesos de los arts. 3 a 5 y 7 del R.D. 16/2020.

La prioridad vendrá dada por la preferencia en las agendas judiciales para los señalamientos de dichos procedimientos relativos a materias esenciales y en cuanto al orden de comparecencias y vistas que señalarán los juzgados, dando preferencia a los señalamientos relativos a dichas materias.

La previsión legislativa contempla que dichos procesos se tramitarán con celeridad y es deseable que así sea. No obstante, resulta evidente pensar que se producirá una gran acumulación de expedientes que muy probablemente colapsaran el paulatino “desconfinamiento” de la administración de justicia.

Por ello animamos a las personas que puedan encontrarse en alguna de la situaciones  descritas a que contemplen soluciones alternativas al procedimiento judicial, como sería por ejemplo acudir a un proceso colaborativo (*) para resolver las controversias que puedan plantearse en derecho de familia, consecuencia de la crisis sanitaria que padecemos.

De esa manera evitarán tener que acudir al Juzgado y ser uno más de los innumerables pleitos que se acumularán en el Juzgado, a pesar de las medidas que se adoptan en el Real Decreto comentado.

(*) Sobre este proceso, puedes informarte en la Associació Catalana de Dret Col·laboratiu. Dret Col·laboratiu.cat.

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