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Aspectos legales de un e-commerce

A raíz de la crisis sanitaria y económica provocada por el Covid-19, las empresas se han visto obligadas a prestar sus servicios o vender sus productos online. Si la transformación digital ya era evidente antes de la crisis, a partir de ahora, será inevitable para cualquier empresa estar digitalizada y vender sus productos o servicios a través de internet. Son muchas las cuestiones jurídicas a tener en cuenta cuando se emprende un negocio digital. A continuación destacamos los aspectos legales más importantes:

  • Aspectos societarios: En primer lugar, hay valorar las posibilidades bajo las cuales se puede operar (cómo autónomo, como Sociedad Limitada, etc.) y escoger la que más se adapte a las circunstancias del proyecto concreto.
  • Legislación aplicable: Las actividades relacionadas con el comercio electrónico están reguladas por diversas normas contenidas en la legislación española, entre las cuales destacan el Real Decreto Legislativo 1/2007, por el que se aprueba la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, y la Ley 34/2002 de Servicios de Comercio Electrónico y de la Sociedad de la Información.
  • Un punto fundamental que hay que tener en cuenta a la hora de emprender cualquier iniciativa en el ámbito de las ventas online es que la legislación aplicable varía en función del potencial destinatario de la oferta relacionada. Si el destinatario es un consumidor, en este último caso se aplicará la legislación de protección al consumidor y la legislación de protección de datos.
  1. Legislación de protección al consumidor.

Siempre que las actividades de comercio electrónico se dirijan a los consumidores[1], es necesario cumplir con la legislación de protección de los consumidores, regulada en el Real Decreto 1/2007, de 16 de noviembre de 2007 por el que se aprueba la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Las ofertas de venta a distancia deben contener información específica sobre la identidad del vendedor y condiciones del contrato. Si se incorporan cláusulas de condiciones generales en sus contratos, también hay que tener en cuenta lo establecido en la Ley 7/1998 de Condiciones Generales de Contratación.

Es necesario destacar que los contratos celebrados por vía electrónica producen todos los efectos previstos en el ordenamiento jurídico. Es necesario que concurra el consentimiento del contratante, expreso y positivo. Es necesario también un soporte electrónico, admitido en caso de juicio como prueba documental.

  1. Legislación de protección de datos de carácter personal.

Otro aspecto fundamental en el comercio electrónico es el posible tratamiento de cualquier dato de carácter personal en operaciones de esta naturaleza[2].

En la actualidad, la legislación aplicable en esta materia en la Unión Europea, es el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, conocido como “GDPR” o “RGPD”. También es importante considerar la ley española que transpone esta directiva, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Esta normativa obliga a los responsables del tratamiento de datos (las empresas) a informar a los interesados de la finalidad del tratamiento de sus datos, a tratarlos con una base jurídica que legitime el tratamiento, a tomar las medidas organizativas y técnicas adecuadas para proteger los datos personales que trata, entre otras obligaciones. El incumplimiento de todas estas obligaciones puede tener como consecuencia una sanción económica.

  1. Propiedad intelectual.

La protección jurídica de los derechos de autor es crucial en el comercio electrónico, ya que los contenidos digitales protegidos por derechos de propiedad intelectual (autoría, marcas, derechos de imagen, etc.) constituyen el verdadero valor añadido de Internet. Los contenidos de las páginas webs gozarán de la protección correspondiente a la categoría específica del contenido (gráficos, música, obras literarias, audiovisuales, bases de datos, etc.) y, por lo tanto, el responsable del la web deberá ser titular de los derechos conexos de todo lo que se publique en él, ya sea en calidad de propietario original (de la obra colectiva bajo su dirección o desarrollada por los empleados) o de licenciatario.

  1. Comercio electrónico y servicios de la sociedad de la información:

La Ley 34/2002 de Servicios de Comercio Electrónico y de la Sociedad de la Información (LSSI) define como “servicios de la sociedad de la información “todo servicio de pago prestado, a distancia, por vía electrónica y a petición individual del destinatario, incluyendo también los no remunerados por éste, en la medida en que constituyan una actividad económica para el prestador”.

Concretamente, se consideran servicios de la sociedad de la información los siguientes:

1.º La contratación de bienes o servicios por vía electrónica.

2.º La organización y gestión de subastas por medios electrónicos o de mercados y centros comerciales virtuales.

3.º La gestión de compras en la red por grupos de personas.

4.º El envío de comunicaciones comerciales.

5.º El suministro de información por vía telemática.

La LSSI obliga a poner a disposición del destinatario, antes de iniciar el procedimiento de contratación, cierta información: las características esenciales del bien/servicio, precio final (incluido impuestos), procedimiento de pago, garantía legal de conformidad y servicios postventa, derecho de desistimiento (plazo y forma de ejecución), procedimiento para atender reclamaciones de consumidores, entre otros.

  1. Página web: Cualquier página web deberá contener los siguientes elementos:
  • Aviso legal: que debe contener información general como la denominación social de la empresa, domicilio social, email y datos de contacto, datos de inscripción en el registro mercantil, autorizaciones administrativas, NIF, códigos de conducta,
  • Política de cookies: la ley te obliga a mostrar un mensaje avisando de que tu web las usa.
  • Política de privacidad: La función de la política de privacidad es informar a los usuarios de la web de que se recopilan determinados datos y de que, además, se pueden utilizar según el interés propio.
  1. Registro del nombre de dominio. El registro de los dominioses una tarea de gran importancia que todas las personas que desean abrir un negocio o página web deberían considerar hacer desde el inicio de su proyecto. La importancia radica en que damos un primer nivel de protección a nuestra marca y negocio, y evita que otros lo puedan usar sin nuestro consentimiento.

 

[1] La definición de consumidor se encuentra en el artículo 3 del RD Legislativo 1/2007, que establece que es consumidor la persona física que actúa con un propósito ajeno a su actividad comercial o profesional, o una persona jurídica sin animo de lucro en ámbito ajeno a su actividad comercial.

[2] El art. 4 del RGPD define dato personal como “toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona”.

 

Procedimientos especiales de familia tras el levantamiento del estado de alarma

En el R.D.L. 16/2020, de 28 de abril, se han adoptado una serie de medidas procesales y organizativas  para reorganizar la actividad judicial a partir del momento en que se levante o deje sin efecto el estado de alarma.

Entre todas las medidas adoptadas hay una serie de ellas relativas a la materia de familia y jurisdicción voluntaria  que merecen una reflexión y comentario.

El  R.D. dedica tres artículos a desarrollar el contenido, competencia y tramitación del llamado procedimiento especial y sumario (arts. 3, 4 y 5) en materia de familia y uno respecto a la tramitación de determinados procedimientos que se consideran preferentes  (Art.º7), entre ellos, el relativo a los procesos o expedientes de jurisdicción voluntaria en los que se resuelven cuestiones sobre adopción de medidas respecto a los hijos menores (alimentos, sustracción, cambios de titularidad de guarda, etc..).

  1. En cuanto al primero de ellos, el denominado procedimiento especial sumario, se podrán presentar y tramitar demandas durante la vigencia del Estado de alarma y hasta tres meses después,
  • Para solicitar el restablecimiento del equilibrio del régimen de visitas o guarda/custodia compartida
  • Para solicitar revisión de medidas definitivas acordadas judicialmente sobre cargas del matrimonio, pensiones económicas entre cónyuges y alimentos para los hijos, fundada en la variación sustancial de las circunstancias económicas de los cónyuges como consecuencia de la crisis sanitaria por COVID-19.
  • Para fijar o revisar obligaciones de prestar alimentos (no acordadas judicialmente) fundadas en la variación sustancial de las circunstancias económicas del pariente obligado a dicha prestación alimenticia.

El procedimiento será de la siguiente manera: se presenta la demanda que se acompaña con los documentos en que se base la petición y una vez admitida por el Letrado de la Administración de Justicia (LAJ), se señalará la vista (juicio) en los 10 días siguientes.  La vista será oral; la parte demandada contestará la demanda de forma oral, se propondrá y practicará prueba en el mismo acto; se puede dar audiencia a los menores (de manera reservada y siempre que sean mayores de 12 años); se prevé una posible ampliación del plazo de prueba para aquellas que no se pudieran practicar en la vista, y el juez puede dictará sentencia o auto oralmente en el mismo momento o por escrito en los 3 días siguientes a la vista.

  1. Procedimientos de tramitación preferente. Levantado el estado de alarma y hasta 31 de diciembre de 2020, se podrán presentar y tramitar procesos de jurisdicción voluntaria relativos a medidas de protección de menores (alimentos, perturbaciones derivadas de cambio de régimen de guarda, cambios de domicilio no autorizados judicialmente, sustracción de menores, etc.)

Esto hay que ponerlo en relación con la previsión de fases hecha por el Gobierno (Anexo II del R.D. 16/2020) y, asimismo con el Plan sobre actuaciones procesales referidas a asuntos esenciales y que resulten de atención urgente e inaplazable, planteadas por la Presidencia del TSJC en acuerdos de 15, 17 y 23/de marzo y 30 de abril y plasmados en los acuerdos que el Secretario de la Sala de Gobierno del TSJC ha planteado a la Comisión de la misma para su adopción, mediante Cronograma para la reanudación de la actividad judicial que entre otros, prevé lo siguiente:

  • Actuaciones procesales referidas a asuntos esenciales de atención urgente e inaplazables, priorizando las contenidas en los art.º 3 a 5 y 7 del R.D. 16/2020 en Fase I, previsión a partir del 11/05.
  • Lo mismo para la Fase II, coincidiendo con el levantamiento de la suspensión de plazos y actuaciones procesales, prevista para la última semana de mayo y primera de junio
  • Fase III, transcurridos tres meses desde que se levante el estado de alarma, priorizando las actuaciones correspondientes a los procesos de los arts. 3 a 5 y 7 del R.D. 16/2020.

La prioridad vendrá dada por la preferencia en las agendas judiciales para los señalamientos de dichos procedimientos relativos a materias esenciales y en cuanto al orden de comparecencias y vistas que señalarán los juzgados, dando preferencia a los señalamientos relativos a dichas materias.

La previsión legislativa contempla que dichos procesos se tramitarán con celeridad y es deseable que así sea. No obstante, resulta evidente pensar que se producirá una gran acumulación de expedientes que muy probablemente colapsaran el paulatino “desconfinamiento” de la administración de justicia.

Por ello animamos a las personas que puedan encontrarse en alguna de la situaciones  descritas a que contemplen soluciones alternativas al procedimiento judicial, como sería por ejemplo acudir a un proceso colaborativo (*) para resolver las controversias que puedan plantearse en derecho de familia, consecuencia de la crisis sanitaria que padecemos.

De esa manera evitarán tener que acudir al Juzgado y ser uno más de los innumerables pleitos que se acumularán en el Juzgado, a pesar de las medidas que se adoptan en el Real Decreto comentado.

(*) Sobre este proceso, puedes informarte en la Associació Catalana de Dret Col·laboratiu. Dret Col·laboratiu.cat.

Medidas hipotecas personas con vulnerabilidad

OTRAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL REAL DECRETO LEY 11/2020

 

  • Moratoria de deuda hipotecaria aplicable a:
    1. Vivienda habitual.
    2. Inmuebles afectos a actividad económica de empresarios y profesionales en situación de vulnerabilidad económica. (*)
    3. Vivienda distinta a la habitual en alquiler por las que el deudor hipotecario (persona física) haya dejado de percibir la renta desde la entrada en vigor del estado de alarma.

 

  • Medidas para la suspensión de obligaciones de crédito sin garantía hipotecaria (siempre que se trate de deudor persona física vulnerable).

– Ampliable a fiadores y avalistas del deudor principal en situación de vulnerabilidad.

Duración máxima de la suspensión = 3 meses (posibilidad de ampliación).

No será exigible ni el pago de la cuota, ni se devengarán intereses.

Ampliación del vencimiento del contrato como consecuencia de la suspensión.

 

  • Percepción del bono social para trabajadores autónomos que hayan cesado en su actividad o hayan visto reducida su facturación como consecuencia del COVID-19.

 

  • No podrá suspenderse el suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo, gas natural y agua a los consumidorespersonas físicas en su vivienda habitual.

 

  • Subsidio extraordinario por falta de actividad para personas de alta en el Sistema Especial de Empleados del Hogar del Régimen General de la Seguridad Social antes del 14 de marzo de 2020. Requisitos:
    1. Haber dejado de prestar servicios, total o parcialmente, con carácter temporal, a fin de reducir el riesgo de contagio, o
    2. Se haya extinguido su contrato de trabajo por causa de despido o desistimiento del empleador.

(*) Nos remitimos a la definición de vulnerabilidad que expusimos en el artículo MEDIDAS DIRIGIDAS A FAMILIAS Y COLECTIVOS VULNERABLES EN MATERIA DE VIVIIENDA ADOPTADAS POR EL REAL DECRETO LEY 11/2020

 

MEDIDAS DIRIGIDAS A FAMILIAS Y COLECTIVOS VULNERABLES EN MATERIA DE VIVIENDA ADOPTADAS POR EL REAL DECRETO LEY 11/2020

1) Quedan suspendidos los procedimientos de desahucio y los lanzamientos de inquilinos
de hogares vulnerables sin alternativa habitacional.
Una vez finalizado el estado de alarma, si el arrendatario acredita que se encuentra en
situación de vulnerabilidad social o económica derivada de los efectos de la pandemia que le
imposibilite encontrar otra vivienda, lo trasladará al juzgado para su conocimiento y tras el
procedimiento debido se iniciará suspensión extraordinario del desahucio (máximo 6 meses de
suspensión).
2) Moratoria en el pago de alquileres para las personas arrendatarias de vivienda habitual y
en situación de vulnerabilidad. Todo ello, teniendo en cuenta el tipo de arrendador:
En el caso de grandes tenedores (persona física o jurídica que sea titular de más de
diez inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más
de 1.500 m2) i empresas o entidades públicas de vivienda, se podrá solicitar, en el plazo de
un mes desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley, el aplazamiento temporal y
extraordinario del alquiler.
En ese caso, el arrendador en el plazo de 7 días deberá optar por:
a) Reducción del 50% de la renta arrendaticia durante el tiempo que dure el estado de
alarma, y durante las mensualidades siguientes, si fuera necesario, con un máximo de
4 meses.
b) Moratoria en el pago durante el tiempo que dure el estado de alarma y las
mensualidades siguientes, prorrogables una a una, si aquel plazo fuera insuficiente
(prórroga máxima de 4 meses). Una vez superadas las dificultades o alcanzado el
mencionado plazo de cuatro meses, esa renta se fraccionará en cuotas mensuales de,
al menos, tres años.
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a. Todo ello durante el plazo de vigencia de los contratos.
b. Sin aplicar ningún tipo de interés ni penalización.
En el caso de que el arrendador no sea gran tenedor ni empresa o entidad pública de vivienda,
el arrendatario de vivienda habitual en situación de vulnerabilidad económica tendrá 1 mes desde la
entrada en vigor del Real Decreto Ley para solicitar el aplazamiento temporal y extraordinario en el
pago de la renta (salvo que se hubiera acordado otra cosa con anterioridad).
¿Cuándo se considera que el arrendatario se encuentra en “SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
ECONÓMICA”? (Deben concurrir de forma conjunta)
– Encontrarse en situación de desempleo, ERTE, reducción de jornada por cuidados u otras
circunstancias que supongan pérdida de ingresos, no alcanzando los ingresos de la unidad
familiar en el mes anterior a la moratoria, la siguientes cantidades:
*Valor oficial IPREM 2020 mensual: 537,84 €.
o En general, 3 veces el IPREM, es decir, 1.613,52 €
o Se incrementa 0,1 veces el IPREM por cada hijo (0,15 en el caso de unidad familiar
monoparental).
o Se incrementa 0,1 veces el IPREM por cada persona mayor de 65 años.
o En caso de miembro de la unidad familiar con discapacidad declarada superior al
33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad será de 4 veces el IPREM
(más incrementos por hijo a cargo).
o En el caso de arrendatario con parálisis cerebral, enfermedad mental o
discapacidad intelectual (grado igual o superior al 33 por ciento) o discapacidad
física o sensorial (superior al 65 por ciento), así como en los casos de enfermedad
grave incapacitante para la persona o su cuidador., será de 5 veces el IPREM.
– La renta más los gastos y suministros (electricidad, gas, agua, calefacción, telefonía y
gastos de la comunidad) sea superior al 35 por ciento de los ingresos netos que perciba
el conjunto de la unidad familiar.
NO se considerará que existe vulnerabilidad económica cuando algún componente de la
unidad familiar sea titular o usufructuario de alguna vivienda en España (salvo que se demuestre
no disponibilidad de la misma por separación, divorcio u otra causa ajena a su voluntad).
3
El arrendador dispondrá de 7 días para comunicar al arrendatario las condiciones del
aplazamiento o fraccionamiento de la deuda u otras posibles alternativas. Si no lograran llegar a un
acuerdo, el arrendatario podrá tener acceso al Programa de ayudas transitorias de financiación.
Condiciones de Programa de ayudas transitorias de financiación:
– Línea de avales del Estado desarrollada por el ICO para que las entidades de crédito
puedan ofrecer ayudas transitorias de financiación.
– Plazo máximo de 6 años prorrogable, excepcionalmente, 4 años más.
– Tipo de interés: 0%
– Gastos: Ninguno
– Destino del préstamo: pago de la renta del arrendamiento de vivienda (hasta 6
mensualidades.
Programas de ayudas al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 (RD 106/2018) para minimizar el
impacto de COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual:
– Concesión de ayudas al alquiler para arrendatarios que, como consecuencia del impacto
económico de COVID19, tengan problemas transitorios para atender el pago parcial o
total del alquiler (en situación de vulnerabilidad económica).
o Cuantía: hasta 900 € y hasta el 100% de la renta o del principal e intereses del
préstamo suscrito para el pago de la misma.
– Programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio
de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables”
(sustituye el programa de ayudas a las personas en situación de desahucio). Se pueden
beneficiar personas físicas vulnerables y jurídicas (sin ánimo de lucro y cuyo objeto sea
asistir a las personas vulnerables):
o Víctimas de la violencia de género
o Personas objeto de desahucio de su vivienda habitual
o Personas sin hogar
o Otras especialmente vulnerables
o Administraciones públicas
o Empresas públicas
o Entidades sin ánimo de lucro
o De economía colaborativa o similares
– Medidas para incrementar el parque público de viviendas destinadas al alquiler o cesión
en uso social.